Gestión pública y participación

La gestión pública implica una notable carencia de participación ciudadana en los asuntos que afectan directamente a éstos. Dado el interés colectivo que tienen como resultado las acciones de los gestores públicos, existe moralmente el dilema de conocer si la gestión pública es la forma realmente justa y eficaz para conseguir ese bien común para la sociedad, o bien, si la participación es esencial y primordial para lograr ese interés colectivo.

A la hora de valorar la importancia de la participación, es importante conocer sus ventajas e inconvenientes. Con la participación se logra adquirir una mayor capacidad de conocimiento de los intereses perseguidos por cada grupo social y el resultado será más prolongado en el tiempo; sin embargo, los recursos que se invierten para estas medidas son demasiado costosas y consumen gran cantidad de tiempo por ejecutividad, por lo que la intervención de gestores público sería la mejor vía de responder a esos problemas. La solución a este problema de saber que es lo más justo para el ciudadano, se encuentra en la legitimidad.

La participación parece ser que ha dado lugar a que los ciudadanos elijan que la solución de sus problemas sea mediante la dotación de legitimidad a los gestores públicos. Nos encontramos ante la tesitura de que existe una cesión ciudadana hacia los gestores públicos sin necesidad de participación, ya que gran parte de la sociedad de hoy en día se muestra extremadamente conformista y sólo les basta con participar en la elección de los gobernantes cada cuatro años. Por lo tanto, la legitimidad de algunos gestores públicos se renueva cada cuatro años en las elecciones.

Para un sector importante de la ciudadanía, la legitimidad debe traspasar las fronteras meramente electorales. Al igual que se valora la dinamicidad de la sociedad a la hora de que actúen los gestores públicos, debe considerarse también que las opiniones ciudadanas son continuamente cambiantes. Para lograr la satisfacción global entre la gestión pública y la participación, se debe acudir al término medio. La legitimidad debe adaptarse a la evolución de la sociedad, por lo que no puede ser aceptable que la legitimidad de algunos de los gestores sea renovada cada cuatro años en las elecciones. La legitimidad debe ser renovada día a día, no es necesaria la convocatoria de elecciones, basta con simples sondeos para saber la opinión de la gente.