La gestión
pública implica una notable carencia de participación ciudadana en los asuntos
que afectan directamente a éstos. Dado el interés colectivo que tienen como
resultado las acciones de los gestores públicos, existe moralmente el dilema de
conocer si la gestión pública es la forma realmente justa y eficaz para
conseguir ese bien común para la sociedad, o bien, si la participación es
esencial y primordial para lograr ese interés colectivo.
A la hora de
valorar la importancia de la participación, es importante conocer sus ventajas
e inconvenientes. Con la participación se logra adquirir una mayor capacidad de
conocimiento de los intereses perseguidos por cada grupo social y el resultado
será más prolongado en el tiempo; sin embargo, los recursos que se invierten
para estas medidas son demasiado costosas y consumen gran cantidad de tiempo
por ejecutividad, por lo que la intervención de gestores público sería la mejor
vía de responder a esos problemas. La solución a este problema de saber que es
lo más justo para el ciudadano, se encuentra en la legitimidad.
La participación parece ser que ha
dado lugar a que los ciudadanos elijan que la solución de sus problemas sea
mediante la dotación de legitimidad a los gestores públicos. Nos encontramos
ante la tesitura de que existe una cesión ciudadana hacia los gestores públicos
sin necesidad de participación, ya que gran parte de la sociedad de hoy en día se muestra
extremadamente conformista y sólo les basta con participar en la elección de
los gobernantes cada cuatro años. Por lo tanto, la legitimidad de algunos
gestores públicos se renueva cada cuatro años en las elecciones.
Para un sector importante de la
ciudadanía, la legitimidad debe traspasar las fronteras meramente electorales.
Al igual que se valora la dinamicidad de la sociedad a la hora de que actúen
los gestores públicos, debe considerarse también que las opiniones ciudadanas
son continuamente cambiantes. Para lograr la satisfacción global entre la
gestión pública y la participación, se debe acudir al término medio. La
legitimidad debe adaptarse a la evolución de la sociedad, por lo que no puede
ser aceptable que la legitimidad de algunos de los gestores sea renovada cada
cuatro años en las elecciones. La legitimidad debe ser renovada día a día, no
es necesaria la convocatoria de elecciones, basta con simples sondeos para
saber la opinión de la gente.
